¿Son realmente justas las cooperativas con todos sus socios?
No me refiero a si cumplen la ley, ni a si respetan sus estatutos, sino a algo más incómodo: si, en el día a día, el reparto de cargas, riesgos y beneficios entre los socios responde a un criterio de justicia, o simplemente a la costumbre de toda la vida, al peso político de unos pocos, a la comodidad de no cambiar lo que «siempre se ha hecho así», o a la cercanía de las próximas elecciones al consejo rector.
El principio cooperativo por excelencia: un socio, un voto
El principio más característico de las cooperativas de primer grado es el control democrático de los socios —un socio, un voto—, que garantiza que el poder de decisión no dependa del dinero aportado, sino de pertenecer a la cooperativa. Se construye así un modelo que pone a la persona por encima del capital: no importa cuánto aportes, cuánto factures o cuánta tierra tengas, en la asamblea tu voz pesa exactamente igual que la del socio que tienes al lado. Es una idea hermosa, y sigue siendo la principal característica que diferencia a una cooperativa de cualquier otra sociedad de capital.
Y, sin embargo —y aquí empieza el asunto que quiero poner sobre la mesa—, ese principio, por sí solo, no garantiza justicia social dentro de la cooperativa. Garantiza igualdad en el voto, pero no un reparto justo de cargas, riesgos y beneficios. Esa diferencia, que puede parecer pequeña, es en realidad el origen de buena parte de las tensiones internas que viven estas organizaciones.
Cuando la cooperativa crece, la justicia se complica
Una cooperativa agraria pequeña, con una sola actividad —pongamos la venta conjunta de un único producto, como el cereal—, tiene relativamente poco margen para que haya injusticias de fondo. Todos los socios aportan el mismo tipo de producto, corren riesgos parecidos, y el reparto de gastos e ingresos resulta razonablemente proporcional y fácil de seguir.
El problema aparece cuando la cooperativa crece: se diversifica, incorpora secciones, actividades, líneas de negocio, servicios compartidos o instalaciones en diferentes pueblos. Y las cooperativas agrarias, por su propia forma de crecer, tienden a evolucionar así: una cooperativa que nació para vender cereal acaba teniendo también una tienda de suministros, una sección de crédito, un surtidor de gasóleo, una multiplicadora de semillas, un parque de maquinaria compartida, un servicio de asesoramiento a fincas, y una nave de almacenamiento de cereal en el pueblo de al lado… Cuanta más complejidad, más difícil resulta mantener el principio de justicia con el que se fundó la entidad.
Tengo una anécdota que ilustra este primer nivel de complejidad mejor que cualquier explicación teórica. Hace años, con motivo de la inauguración de unas nuevas instalaciones, el consejo rector decidió celebrarlo con una gran fiesta a la que se invitó a todos los socios. Días después, uno de ellos se presentó en mi despacho con una sola pregunta: ¿Quién había pagado aquello?
—La cooperativa —le respondí.
—Ya —insistió—, pero esos gastos, ¿Quién los cubre en realidad?
—Son gastos generales —contesté.
—¿Y cómo se reparten los gastos generales?
—En función a la actividad de cada socio.
Se quedó callado un momento, haciendo cuentas, y concluyó: «Eso quiere decir que yo, que no pude asistir, he pagado la fiesta de unos cuantos socios en proporción a los kilos de producto que entrego, y eso no me parece justo». El socio llevaba razón y aquel fue un momento realmente incómodo para mí.
Aquella afirmación me sirvió para entender algo que no aprendí en ningún curso de gestión de cooperativas: que, aunque la justicia social perfecta no existe en una cooperativa, los gestores tenemos la obligación de ser extremadamente cuidadosos con las decisiones que, sin quererlo, acaban perjudicando a una parte de los socios. Resulta curioso: el 99% de los asistentes tuvo la sensación de haber ido a una fiesta gratis; la realidad fue que la pagaron entre todos, pero nadie pagó la misma cantidad: hubo quien no pagó nada y otros pagaron varias veces su parte, según los kg de producto que entregaron. Este era un problema con solución sencilla: si cada socio hubiera pagado el coste de su propio menú, la injusticia habría desaparecido, y es más, muchos habrían decidido no asistir, por lo que el coste habría sido menor. El consejo rector había tomado la decisión que en su momento parecía más razonable para la cooperativa: que todos disfrutaran de la fiesta por igual, sin ser conscientes de la injusticia que estábamos generando.
El asunto que de verdad quiero analizar —el de las inversiones— es distinto y más serio, porque ahí sí hay, casi siempre, socios que impulsan, provocan o disfrutan más de una inversión que otros, sin que exista una lista clara de quién debe pagar y cuánto. Una misma inversión puede beneficiar a la vez, y en distinta medida, a varios socios, secciones y generaciones. Si aquel día la pregunta era quién pagaba la fiesta, la que de verdad importa es mucho más seria: ¿Quién pone el dinero necesario para crear un nuevo negocio o ampliar uno ya existente, y quién carga con el fracaso si las cosas no salen como se esperaba? Porque cuando todo va bien, nadie pregunta nada; el problema aparece cuando las cosas se tuercen, y desgraciadamente solo hay que mirar alrededor para ver cuántos proyectos han fracasado en cooperativas en los últimos años.
El problema de las inversiones
En una cooperativa con varias actividades, con distintas secciones, distintos niveles de uso de los servicios comunes, distinta disposición a asumir riesgos y distintas necesidades de inversión, hay que analizar con mucho cuidado cada nueva inversión, porque las decisiones que se toman por mayoría pueden afectar de forma muy desigual a unos y otros, según cómo se reparta la inversión y el gasto.
La misma tensión aparece cuando entra un socio nuevo. Con una aportación inicial casi siempre simbólica, ese socio adquiere exactamente los mismos derechos que el socio que lleva cincuenta años aportando capital a la cooperativa. Desde el primer día, el recién llegado se beneficia de unos bienes de la cooperativa —instalaciones, maquinaria, reservas— que no ha ayudado a construir y que otros llevan décadas pagando con sus propias aportaciones.
Y hay más: cada vez que la cooperativa necesita hacer una nueva inversión —probablemente impulsada, en parte, por esos socios nuevos— es de nuevo el socio de toda la vida, el que ya pagó la anterior y la anterior a esa, el que una vez más tiene que volver a aportar, mientras el socio nuevo disfruta de instalaciones ya pagadas por otros sin haber contribuido a levantarlas.
Por eso, cada vez que se plantea una nueva inversión en asamblea, conviene hacerse algunas preguntas simples: ¿A qué socios beneficia esta inversión? ¿Con qué dinero se paga? ¿Quién la amortiza en el tiempo? ¿Y quién asume el fracaso si llegara el caso? Cuando las respuestas son tan evasivas como las que yo mismo di para responder a aquella incómoda pregunta, es señal segura de que hay unos socios pagándole la fiesta a otros.
Hay una consecuencia de todo esto que los socios deberían tener muy presente, porque ya no es solo una cuestión de reparto entre unos y otros, sino de supervivencia de la propia empresa. Cuando una inversión se paga con cargo a la cooperativa en su conjunto, y no con cargo a los socios que la impulsan o que van a beneficiarse de ella, el riesgo también se reparte entre todos. Y un riesgo repartido entre todos, si el negocio sale mal, no se queda solo entre quienes lo defendieron en la asamblea ni en la actividad que lo ha provocado: lo asume la cooperativa entera.
No existe una solución universal a esto. Cualquier modelo, llevado al extremo, genera sus propias injusticias. Pero sí creo que existe un modelo que reduce bastante el problema, y es el que expongo a continuación.
Una posible solución
Mi opinión, después de años lidiando con este problema, es que toda inversión que se haga en una cooperativa —sea cual sea su naturaleza— debe ser pagada, al menos en parte, directamente por los socios, con fondos propios mediante aportaciones a capital social.
En la práctica, a lo largo de estos años he procurado financiar cada inversión, de forma orientativa, en tres tercios:
- Un 33%, con aportaciones a capital social de los propios socios, prorrateadas a lo largo de varios años.
- Un 33%, con fondos públicos, en forma de subvenciones.
- Y el 33% restante, con financiación a largo plazo asumida por la propia cooperativa.
Creo en este reparto por dos razones.
La primera es que, si la inversión no la pagan en algún grado los socios que se benefician de ella, la idea de «la paga la cooperativa» se convierte en la práctica en «que hagan lo que quieran, total, yo no voy a pagar nada y además me puedo marchar cuando quiera». Sin coste personal y sin compromiso, el voto en asamblea deja de tener sentido porque no tiene consecuencias reales para quien lo emite.
La segunda razón tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Es un principio bien conocido en marketing que lo gratuito no se valora: cuando algo «no cuesta nada», tampoco parece merecer cuidado. En una cooperativa pasa lo mismo. Si el patrimonio se percibe como algo de «la cooperativa», el socio lo trata como algo ajeno; si sabe que una parte sale de su propio bolsillo, ese mismo patrimonio pasa a sentirse como suyo, y lo cuida en consecuencia. Por eso, cuando el socio aporta parte del capital de una inversión, no solo la financia: la hace suya, la vigila más de cerca y vota sobre ella con más responsabilidad.
Con esa idea como base, hay que buscar que el reparto de las cargas responda a criterios claros y comprobables, comunes a todos los socios, y no a lo que convenga en el momento en que se decide cada inversión, porque no podemos estar cambiando de criterios según la opinión de cada presidente o consejo rector que llegue al cargo. En mi opinión, esos criterios son tres: los kilogramos de producto entregado, el capital social aportado y un compromiso de entrega en el tiempo.
La idea es sencilla de explicar, aunque no siempre sencilla de aplicar: hacer que los kilogramos que cada socio entrega guarden una proporción común —la misma para todos— con su nivel de capital social aportado y con su compromiso de entrega y permanencia en la cooperativa.
Un ejemplo simplificado ayuda a visualizarlo. Supongamos que la cooperativa fija el 01-01-2000 en 1 €/kg el nivel de capital necesario para sostener todas sus inversiones en una actividad en concreto, por ejemplo, aceituna de mesa (la cifra es inventada y redondeada para facilitar los cálculos). Un socio veterano que, a lo largo de los años, ya ha aportado ese 1 € por cada kilo que entrega, tiene su parte cumplida y no necesitará seguir aportando capital social.
Cuando llega un socio nuevo, por ejemplo el 01-01-2005, que parte de cero y todavía no ha alcanzado ese nivel, se compromete a alcanzarlo poco a poco —por ejemplo, aportando 0,10 €/kg al año durante diez años— y a entregar su cosecha durante ese mismo plazo. Al cabo de los diez años, ambos socios habrán contribuido a la capitalización de la cooperativa exactamente en la misma proporción; solo cambia el momento en que cada uno paga su parte.
De esta manera, las aportaciones de los socios nuevos irán generando fondos propios con los que hacer pequeñas inversiones o mejoras sin necesidad de subir el nivel de capital exigido para esa actividad, es decir, manteniendo 1€/kg como objetivo. Pero imaginemos que el 01-01-2020 hace falta hacer una nueva inversión, su importe es elevado, y ya no hay fondos acumulados para poder hacerla. Ese 1 €/kg que se acordó en fecha 1-1-2000 habrá que actualizarlo y subirlo en la cantidad que corresponda para cubrir, en la parte que le toque a cada uno, esa nueva inversión; supongamos que sube a 1,20 €/kg. Ambos socios, el veterano y el nuevo que ya se había puesto al día, empezarán de nuevo a pagar esa diferencia de 0,20 €/kg durante 10 años, a razón de 0,02 €/kg al año. Y si en este momento entra un socio nuevo, tendrá que abonar 1,20 €/kg en diez años, a razón de 0,12 €/kg y año.
Bien diseñado, este mecanismo reduce —aunque no elimina del todo— varias de las injusticias señaladas:
- Mejora la justicia social hacia el socio nuevo: en lugar de heredar gratis un patrimonio que otros tardaron décadas en construir, su incorporación lleva unido un compromiso de kilos, una permanencia en años y una aportación progresiva de capital, de modo que termine aportando, con el tiempo, en proporción parecida a la de quienes llevan toda la vida en la cooperativa.
- El compromiso de entrega resuelve algo que los otros dos criterios por sí solos no consiguen: evitar que un socio se marche cuando le convenga ante los problemas. Exigir una permanencia mínima conocida de antemano convierte la palabra dada en una obligación real, y hace que quien defendió una inversión no pueda desentenderse de ella cuando ya no le interese. No evita el fracaso, pero sí evita que se quede sin nadie que responda por él.
- También ayuda con el riesgo desigual entre secciones: lo lógico es aplicar este mismo criterio —kilos, capital y compromiso— dentro de cada sección, actividad o producto, de modo que quien no usa una sección no quede tan expuesto a sus posibles pérdidas como quien la sostiene y la utiliza de forma intensiva.
Dicho esto, hay que ser honesto con sus límites. El sistema reduce lo arbitrario y hace el reparto más previsible, pero no convierte a la cooperativa en una suma de compartimentos separados: sigue existiendo un núcleo de riesgo compartido —el que corresponde a ser una única entidad jurídica frente a terceros, con un patrimonio y una responsabilidad comunes, y el que corresponde al porcentaje de la inversión que financia la propia cooperativa— que ningún criterio, por bien diseñado que esté, puede repartir con precisión perfecta. La aspiración razonable no es eliminar por completo ese riesgo compartido, sino evitar que el riesgo asumido por la propia cooperativa sea tan elevado que pueda poner en peligro su estabilidad económica.
Como toda regla, tiene sus condiciones para funcionar bien. Necesita un plazo razonable —ni tan corto que suponga una barrera de entrada para los socios nuevos, ni tan largo que en la práctica no llegue a corregir nada—. Y necesita, sobre todo, que el consejo rector lo explique con claridad: no como un capricho, sino como la forma más honesta que tenemos de que el patrimonio de la cooperativa refleje, en cada momento, el esfuerzo real de quienes lo han construido, y de que, junto al principio de un socio, un voto, exista también el de una aportación proporcional a la inversión y al esfuerzo que cada socio ha necesitado hacer.
Una cuestión que merece más asamblea y menos silencio
No escribo este artículo para ofrecer una conclusión cerrada, porque no la tengo, y sospecho que quien la ofrezca con demasiada seguridad no ha gestionado nunca una cooperativa agraria compleja. Escribo para insistir en algo más sencillo, y quizá más importante: este debate necesita ocupar más espacio en las asambleas y en los consejos rectores del que ocupa hoy.
Es mucho más cómodo hablar del día a día, de los precios de campaña o de lo complicados que están este año los mercados, que preguntarse abiertamente si el sistema de reparto de inversiones, amortizaciones, gastos, riesgos y beneficios sigue siendo justo para todos los socios, o si con el crecimiento y la diversificación se ha ido inclinando —sin que nadie lo decidiera expresamente— a favor de unos perfiles de socio y en contra de otros.
Los principios cooperativos nos dieron una base ética extraordinaria: la persona por encima del capital, y el voto igualitario. Pero esos principios se formularon en un contexto de cooperativas relativamente sencillas. Cuando la cooperativa moderna se convierte en un grupo empresarial con múltiples secciones, instalaciones, riesgos y velocidades entre sus socios, aplicar honestamente esos principios se vuelve mucho más complicado.
Quizá la pregunta no sea si nuestras cooperativas son perfectamente justas —no lo son, y probablemente no puedan serlo del todo—, sino si estamos dispuestos, como socios y como gestores, a mirar de frente esa imperfección, a ponerla encima de la mesa, a explicarla con total claridad y a proponer soluciones.
De una cosa sí estoy convencido, y con ella quiero cerrar: la justicia social dentro de una cooperativa no es un adorno de los estatutos ni una aspiración ingenua, es uno de los bienes más valiosos que tenemos que proteger entre todos los que la formamos. Y ninguna cooperativa será verdaderamente justa mientras sigan existiendo, en la letra pequeña de sus reglamentos, unos socios pagando la fiesta de otros.
¿Y en tu cooperativa? ¿Sabes quién está pagando de verdad la última inversión que se hizo, y quién se ha limitado a disfrutarla?
Antonio Jesús Jiménez, asesor estratégico
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