En el artículo anterior dejamos planteados los dos grandes problemas que se esconden detrás del relevo generacional: quién va a ser el titular de nuestras explotaciones el día de mañana, y quién va a poner las manos para trabajarlas. Vamos ahora con la falta de mano de obra en el campo.
Cuando España exportaba trabajadores
Debemos recordar algo que muchos hemos vivido en primera persona, o se lo hemos oído contar a nuestros padres, tíos o abuelos: España, y en concreto Andalucía, ha sido durante décadas una región que exportaba mano de obra.
La primera oleada, la más temprana, arrancó en la posguerra: miles de hombres emigraban a Francia para la vendimia, la recogida del arroz o de la remolacha, y a Suiza para trabajar en la construcción y la hostelería. Fue un fenómeno que se prolongó, con distinta intensidad, hasta bien entrados los años 90: se calcula que casi cuatro millones de españoles fueron temporeros fuera de nuestras fronteras en ese periodo, con unas 100.000 personas desplazándose cada año solo a Francia. En 1960, España firmó además un acuerdo bilateral de emigración con Alemania que abrió la puerta a decenas de miles de trabajadores españoles, cuyos derechos de Seguridad Social quedaron protegidos por los sucesivos convenios hispano-alemanes. Se repetía la misma historia en todos los casos: se organizaba su transporte, les daban alojamiento y comida, un salario, y volvían con su dinero ahorrado y sus cotizaciones hechas. Pasados los años, muchos de aquellos hombres terminaron teniendo dos pensiones de jubilación: la de España y la del país que los acogió.
En paralelo, entre los años 50 y 70, cientos de miles de andaluces emigraron también dentro de nuestras propias fronteras, atraídos por la industria y la construcción de Cataluña, Madrid y las islas. Se estima que, de los cerca de dos millones de españoles que se marcharon en ese periodo, unos 700.000 eran andaluces, y solo la provincia de Jaén perdió casi 180.000 vecinos en la década de 1960.
Y en aquellas mismas décadas, con el despegue del turismo, apareció un tercer modelo, distinto de los dos anteriores: el de la mano de obra de temporada de verano. En los años 60, 70 y 80, los hoteles del Levante, de Cataluña y de Baleares organizaban autobuses que recogían a los trabajadores en nuestros pueblos, los llevaban a sus hoteles y les daban trabajo, alojamiento, comida y un buen salario. A diferencia de quienes se instalaban de forma definitiva en Barcelona o Madrid, estos volvían a casa a los pocos meses con un buen dinero ahorrado, que complementaban con los trabajos de temporada de otoño-invierno en Andalucía, fundamentalmente las diferentes campañas de recogidas de frutos.
Cuento todo esto porque quiero dejar una idea muy clara: la emigración no es un problema, es una solución. Nosotros mismos fuimos, durante décadas, mano de obra emigrante. Y hoy, sencillamente, los papeles se han cambiado: ya no tenemos personas que quieran ir al campo a trabajar, y necesitamos que venga esa mano de obra de fuera. Afortunadamente, Andalucía es hoy la Francia, la Alemania, la Suiza, el Madrid, el Levante, la Cataluña o las Islas Baleares de aquella época: somos, para quien hoy busca un futuro mejor, lo mismo que aquellos países y regiones fueron para nuestros padres y abuelos, el lugar al que se viaja para trabajar, para ahorrar y, a veces, para quedarse. El papel ha cambiado, pero el guion es exactamente el mismo. Y si de verdad hemos entendido lo que aquella experiencia significó para los nuestros —lo que costó, lo que se ganó, lo que se aprendió sobre la dignidad de trabajar lejos de casa— tenemos la obligación de tratar hoy a quien llega a nuestra tierra con la misma generosidad, o más, que la que recibieron nuestros familiares.
Algunos de los desincentivos para trabajar en el campo
España ha dado, en las últimas décadas, un paso gigantesco en materia de protección social a sus ciudadanos, y eso es motivo de orgullo. El subsidio agrario nació en 1984 en Andalucía y Extremadura. Durante cuatro décadas ha permitido a cientos de miles de familias jornaleras completar sus ingresos en los meses sin campaña, sin tener que hacer las maletas. Los estudios sobre despoblación rural señalan que el subsidio agrario, junto al empleo generado por el PER, ha contribuido a fijar la población al territorio en Andalucía y Extremadura, frenando el éxodo rural que sí golpeó con dureza a Galicia y a las dos Castillas. Dicho de otro modo: sin este subsidio, es muy probable que buena parte de nuestros pueblos hubiera corrido la misma suerte que el resto de la España vaciada.
Pero, como toda conquista social, ha tenido efectos secundarios que nadie previó: hoy, trabajar en el campo compite con un sistema de ayudas y prestaciones que, en muchos casos, hace que la diferencia entre trabajar y no trabajar sea demasiado pequeña como para decantar la balanza. En el campo, ese efecto se convierte casi en una paradoja que juega en contra de la propia recaudación del Estado. El subsidio agrario, tal y como está regulado en estos momentos, sin proponérselo, termina penalizando a quien más trabaja; es un contrasentido que roza el absurdo. Mi opinión es que hay que poner los problemas encima de la mesa para poder darles solución, sin que nadie lo interprete como una toma de posición política.
A ese desincentivo económico se suma, además, un cambio cultural: los españoles, hoy, no queremos ocupar los trabajos que consideramos más duros, y el campo es uno de ellos, junto a buena parte del sector servicios —hostelería, comercio, limpieza, cuidado de mayores y de niños—. Basta con darse una vuelta por cualquier ciudad para comprobar quién sostiene hoy esos dos sectores: la hostelería, el servicio doméstico, la construcción y la agricultura tienen ya en torno a un 30% de trabajadores inmigrantes, y en la hostelería en concreto, cerca de la mitad de los puestos de trabajo ya están ocupados por población extranjera. Ahí, el peso de la mano de obra hispanoamericana —ya más de un millón de personas afiliadas a la Seguridad Social— es determinante; en el campo, como veremos, ese peso corresponde en buena medida al norte de África. Dos orígenes de los que hablaremos con más detalle en este mismo artículo, porque merece la pena entender por qué son, precisamente ellos, quienes están llenando ese vacío.
La doble moral que no podemos seguir permitiéndonos
Y aquí hay que hablar sin rodeos de la doble moral con la que tratamos la inmigración, tanto a nivel europeo como a nivel nacional: en el discurso presumimos de proteger a los inmigrantes, pero en la práctica hacemos justo lo contrario. Permitimos que malvivan en chabolas, campamentos, o en naves abandonadas, en lugar de ponerles fácil el papeleo para trabajar con dignidad; cuando un agricultor intenta hacer las cosas bien y dar de alta a un inmigrante para trabajar unos días de campaña, la Seguridad Social le exige tal cantidad de trámites que termina desistiendo. Pero cuando la administración descubre a un agricultor con mano de obra extranjera sin regularizar, lo sanciona con dureza. Esa es, en el fondo, nuestra doble moral: decimos que protegemos, y hacemos exactamente lo contrario.
Y conviene no cerrar los ojos ante otra dura realidad que estamos viviendo: empresas que funcionan como mafias, contratan cuadrillas de trabajadores en condiciones irregulares y desaparecen de un año para otro sin pagar en muchos casos ni a sus trabajadores ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.
Quiero dejar claro que esto no es un debate de izquierdas ni de derechas. Es, por una parte, un problema de humanidad, y por otra, un problema de pura necesidad económica, porque necesitamos esa mano de obra en la agricultura —y en todos los sectores— para que el campo siga produciendo. Si de verdad queremos que venga y se quede, tenemos que ofrecerle algo a cambio: trabajo, vivienda digna y un salario justo, exactamente igual que hicieron Francia y Alemania con nuestros propios familiares cuando emigraron allí a levantar sus fábricas y sus campos. Aquellos países entendieron que atraer mano de obra exigía darle un proyecto de vida. Nosotros tenemos que entender lo mismo, y cuanto antes.
Dos orígenes, un mismo vínculo histórico: Hispanoamérica y el norte de África
Si miramos de dónde está viniendo en los últimos años esa mano de obra que el campo necesita, hay dos orígenes que destacan sobre el resto: los países hispanoamericanos y el norte de África. Según los datos del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, en torno al 28-30% de los trabajadores del campo español son extranjeros, y entre ellos Marruecos es, con diferencia, la nacionalidad más numerosa; Ecuador, por su parte, se sitúa entre los principales orígenes hispanoamericanos. Lo digo antes de nada para que quede claro: la razón por la que los necesitamos es la necesidad económica del campo y, sobre todo, la humanidad con la que debemos tratar a quien viene a trabajar; esa razón no cambia según de dónde venga cada persona. Pero, con ambos, además, compartimos algo muy profundo: la Historia. Y merece la pena conocerla, no como argumento para decidir a quién acogemos, sino como recordatorio de que no son, ni de lejos, unos desconocidos.
Con los países árabes del norte de África compartimos ocho siglos de historia común. El reino de Al-Ándalus dejó su huella en cada rincón de Andalucía: la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, o la Mezquita-Catedral de Córdoba figuran hoy entre los cinco monumentos más visitados de toda España. Nuestra gastronomía, muchas de nuestras palabras, nuestros pueblos con sus casas encaladas de blanco, nuestros azulejos con dibujos geométricos, nuestros dulces… todo eso que llamamos “lo nuestro” tiene raíz árabe. No estamos acogiendo a un pueblo extraño: estamos recibiendo, en cierto modo, a quien un día fue parte de nosotros. Es más, yo mismo soy, a mucha honra, “morisco”. El término «morisco» se utilizó para referirse a los musulmanes convertidos al cristianismo. Resulta curioso que el gentilicio de quienes nacemos en La Puebla de Cazalla (Sevilla) sea “morisco”. El origen se remonta a finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los árabes: los Duques de Osuna, que gobernaban entonces estas tierras, decidieron no cumplir la orden, porque aquella población “morisca” poseía un conocimiento agrícola imprescindible para sacar partido a una tierra tan fértil. Se cree, incluso, que de aquellos moriscos que se quedaron proviene la abundancia del apellido “Moreno” en la comarca. Y aquella decisión terminó convirtiéndose, con el tiempo, en parte de nuestra propia identidad.
Y con los países hispanoamericanos el vínculo es todavía más evidente. Compartimos la lengua, muchos de nuestros nombres y apellidos, nuestros rasgos físicos, nuestra religión. No hace falta explicarle a un colombiano, un ecuatoriano o un hondureño lo que es una Semana Santa, Navidad, o una fiesta de pueblo: ya lo sabe, porque también es suyo. El vínculo, además, es también reciente y jurídico: España es hoy el país europeo con mayor población hispanoamericana, más de dos millones de personas, muchas de ellas ya con nacionalidad española gracias a la vía acelerada de naturalización —solo dos años de residencia legal, frente a los diez que se exigen con carácter general— que la ley reserva a los ciudadanos de países iberoamericanos, entre otros. A eso se suman los convenios bilaterales de doble nacionalidad y de Seguridad Social que España mantiene con la práctica totalidad de estos países.
Lo digo con toda la intención: cuando hablamos de la mano de obra que necesita el campo andaluz, no estamos hablando de una amenaza cultural, sino de un reencuentro. Los lazos ya existían antes de que llegara el primer temporero. Pero quiero insistir en lo que decía al principio de este artículo: si mañana esa mano de obra viniera mayoritariamente de otro origen, sin ese vínculo histórico, la obligación de tratarla con dignidad y de ofrecerle un cauce legal sería exactamente la misma. Esto no va de con quién compartimos pasado, sino de lo que le debemos a quien trabaja nuestra tierra. Lo único que tenemos que hacer, con quien ya está viniendo, es estar a la altura de esa historia compartida.
Un problema que se nota especialmente en la aceituna de mesa
Este problema nos toca de lleno en cultivos que exigen mucha mano de obra en muy poco tiempo, y tenemos un ejemplo muy cercano: la aceituna de mesa. Andalucía concentra el 80% de la producción española y el 17% de la mundial, y la provincia de Sevilla por sí sola aporta más del 75% de esa producción andaluza, con epicentro en comarcas como el Aljarafe y municipios como Morón, Arahal, Dos Hermanas o La Puebla de Cazalla. Según las estimaciones de las organizaciones agrarias, solo la campaña de recolección de aceituna manzanilla y gordal en la provincia de Sevilla movilizará entre 200.000 y 220.000 toneladas de fruto y empleará a unos 45.000 trabajadores en apenas 30 o 40 días. Sin manos suficientes que la recojan, no hay aceituna, y sin aceituna, no hay cooperativa ni territorio que se sostenga.
Un modelo del que aprender: lo que se ha hecho en Huelva
Siempre he dicho que es mejor copiar que inventar. No partimos de cero. En Huelva, donde el cultivo de las fresas y frutos rojos necesita también una cantidad enorme de mano de obra concentrada en muy pocos meses, el sector lleva ya un cuarto de siglo aplicando un modelo que merece la pena conocer: la Gestión Colectiva de Contratación en Origen, conocida como GECCO.
En lugar de dejar que la necesidad de trabajadores se resuelva de cualquier manera, las propias organizaciones agrarias y cooperativas de Huelva se desplazan a países como Marruecos, Ecuador u Honduras para seleccionar, entrevistar y contratar de forma directa a los temporeros que necesitan —la mayoría mujeres— antes de que lleguen a España. Y aquí está, de nuevo, la prueba de que nuestros dos grandes orígenes de mano de obra, el norte de África y Hispanoamérica, no son dos realidades separadas: conviven ya, hoy, en los mismos invernaderos onubenses.
El sistema está autorizado por el Gobierno y funciona bajo unas reglas claras: contrato en origen, permiso de trabajo en regla, alojamiento garantizado y salario conforme a convenio, con el compromiso de que el trabajador regrese a su país una vez terminada la campaña, lo que se conoce como migración circular. No es un sistema perfecto: en un cuarto de siglo de funcionamiento también se han conocido casos de incumplimientos y de abusos, que exigen vigilancia constante y mejoras en la protección de quienes vienen a trabajar. Tampoco resuelve toda la demanda de mano de obra de la provincia. Pero, con esas exigencias por delante, es, sin ninguna duda, mucho más inteligente y mucho más digno que dejar que ese vacío lo llenen las mafias o la economía sumergida.
En el artículo anterior hablaba de que necesitamos pedir ayuda a la administración, pero no en forma de dinero, sino en forma de regulación: si en Andalucía hace falta un contingente de mano de obra para todas las labores de recogida de frutos —ya sean fresas, aceituna de mesa, aceituna de almazara, hortalizas, uva, naranjas, o cualquier otro producto— hay que permitir que esa gente entre legalmente en el país, pero sin exigir a cada empresa que la contrate en origen contratos de larga duración, ya que ninguna explotación agrícola puede garantizar trabajo continuado durante tantos meses seguidos. Lo que hace falta es una norma más flexible, que permita que un mismo temporero encadene campañas dentro de España: que empiece la temporada en los frutos rojos de Huelva, y atraviese toda Andalucía de campaña en campaña, terminando en los invernaderos de Almería, en lugar de obligarle a volver a su país entre una contratación y otra.
El verdadero cuello de botella: la vivienda
De todos los obstáculos que hoy dificultan atraer esa mano de obra, hay uno que se sitúa por encima de los demás: la vivienda. Podemos flexibilizar contratos, agilizar permisos y mejorar salarios, pero si el temporero no tiene dónde alojarse con dignidad, todo lo demás se queda a medias. Los ayuntamientos, y la administración en general, tienen que interiorizar cuanto antes que este problema no se resuelve sin colaboración público-privada: albergues municipales, viviendas de temporada, acuerdos entre cooperativas, empresas y municipios para habilitar alojamiento digno, adaptando los servicios de cada municipio para esa nueva población temporera. Sin vivienda no hay mano de obra que se quede, por muy buenas que sean las condiciones laborales que le ofrezcamos.
Lo que le toca hacer al cooperativismo
Frente a eso, el camino es, a mi juicio, que sea el propio sector, organizado a través de sus cooperativas y organizaciones agrarias, quien tome la iniciativa de ir a buscar la mano de obra que necesita, en lugar de esperar a que el problema se resuelva solo o, peor todavía, dejar que lo resuelvan quienes se aprovechan de la necesidad de la gente.
Si queremos evitar que el campo se abandone, el cooperativismo tiene que dar un paso al frente. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Eso significa buscar activamente los medios humanos que hoy nos faltan, y ser realistas: en muchos casos esa mano de obra vendrá de fuera —de Hispanoamérica, del norte de África, de donde haga falta— y tenemos que estar preparados para acogerla dignamente.
Este es, sin duda, el problema más urgente de los dos que forman el relevo generacional, porque sin manos que trabajen la tierra hoy mismo, de poco sirve resolver quién será el titular de la explotación dentro de veinte años. Pero no es el único. En el tercer y último artículo de esta serie hablaremos del otro problema, el de quién se queda al frente del campo cuando los agricultores de hoy nos jubilemos, y de las soluciones que el cooperativismo del siglo XXI tiene que atreverse a poner encima de la mesa.
Antonio Jesús Jiménez, asesor estratégico